Desde el término mismo de democracia se establece que el poder reside en el pueblo y que son sus miembros quienes, a través de mecanismos de participación indi
recta, toman las decisiones que responden a la voluntad colectiva. Sin embargo, ni la ley 22.285 de Radiodifusión de la dictadura, ni los decretos que durante la presidencia de Carlos Menem modificaron algunos de esos artículos, surgieron del consenso de la población argentina. Peor aún, nacieron para su perjuicio.
Es a partir de la Ley de Reforma del Estado y la Ley de Emergencia Económica en 1989, cuando comienzan los grandes cambios en el sector radiotelevisivo y se inicia el proceso de privatización y concentración en el sistema de medios. Ello se produce a partir del visto bueno que se le da a las industrias gráficas para que puedan ingresar como propietarias de los medios de radiodifusión.
El banderín en alto de Menem provocó que los grupos editoriales más importantes se hagan propietarios de los canales de aire: Clarín se queda con Canal 13, que a su vez ya tenía, a través de testaferros, el control de Radio Mitre y FM 100; Editorial Atlántida se queda con Canal 11 (Telefé) que ya estaba relacionado con Radio Continental. También adquiere importancia el grupo de Eurnekián, que de tener sólo El Cronista Comercial, pasa a controlar Radio América, Canal 2 y Cablevisión.
Dentro de ese panorama, la población cree una realidad brindada por la prensa en la que se encubre otro escenario imbuido de intereses que actúan como filtros entre la verdad de los acontecimientos que se cuentan, por un lado, y la gente que consume dicha información, por otro. Es decir, una persona que se informa a partir de la radio, el diario y la televisión podría confiar en la veracidad de lo que transmiten, pero no reparan en que probablemente esas difusoras respondan a la misma empresa.
A casi un año de sancionada la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sigue poniéndose en tela de juicio la intencionalidad política por la que fue sancionada, pero pocas voces se resalta el sendero que caminaron más de 300 organizaciones nucleadas en la “Coalición por una Radiodifusión Democrática”. Desde allí se redactaron 21 puntos básicos que no podían faltar en la nueva reglamentación, y que de hecho fueron incorporados. Es decir que la “ley de medios K”, como quiso rotular peyorativamente el Grupo Clarín, no se impuso dictatorialmente, sino que se debatió en Foros Regionales, coordinados con Universidades Nacionales, organizaciones de la sociedad, cámaras empresarias, sindicatos, asociaciones de radiodifusores y público en general.
Históricamente el periodismo ha sido considerado el cuarto poder de toda sociedad, por la capacidad que tienen los medios de comunicación de instalar temas de debate en la opinión publica, y de controlar ciertos abusos del gobierno. Sin embargo esa fuerza ha construido una red de tejidos entre las empresas multimediales que conspira contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos. Por lo tanto, más que un sistema de medios es un sistema nervioso, donde la única coordinación que reina es la del favor y su retribución.



